Mi profesor de historia me mando hacer un trabajo sobre la reforma agraria española durante la II República y creo que me ha quedado bastante bien, asi que he decidido publicarlo por aquí. Toaa informacion esta sacada de mi libro de segundo de bachillerato. Espero que les ayude.
Reforma Agraria durante la II República
Tras la proclamación de la II República en
1931 el gobierno se encontró con un grave problema agrario. Las malas
condiciones a las que estaban sometidos los campesinos, los métodos de
agricultura arcaicos y el mal reparto de las tierras, que había dejado a
numerosos campesinos en el paro, hizo que el gobierno se centrara en llevar a
cabo una reforma agraria.
En 1930 aproximadamente el 47% de la
población activa española se dedicaba al sector primario, por lo se consideraba
la principal fuente de riqueza del país aportando el 29% del PIB. La situación
de los jornaleros era pésima: jornadas laborales de hasta 16 horas, muchos de
ellos semidesnudos, con bajos salarios, sufriendo abusos de contratación, sin seguro de accidentes... Además, los malos
factores ambientales junto con las limitaciones a la hora de introducir innovaciones
técnicas no ayudaron a aumentar la productividad que continuaba siendo escasa. A
esto tenemos que sumarle la mala distribución de las tierras, pues había un
predominio de minifundios en la zona de la cornisa cantábrica y la Meseta norte
y de latifundios en la zona centro-sur y el sur de la península. En las zonas
de los latifundios la mayoría de los propietarios eran absentistas y se negaban
a cultivar sus tierras, lo que dejaba a numerosos jornaleros sin trabajo y en
la miseria, esta situación afectaba sobre todo durante el invierno, y en las
zonas de Andalucía y Extremadura donde el invierno pasado se habían superado
los 100. 000 parados. El problema social se acentuó con la gran crisis
económica internacional, que llegó a España en 1930.
Ante la mala situación agraria el gobierno
provisional decidió llevar a cabo una serie de reformas previas a la aprobación
de la ley. Estableció una serie de decretos, como el decreto de laboreo
forzoso, que obligaba a los propietarios a tener las tierras cultivados ya que
si no lo hacían se les expropiarían y serian entregadas a organizaciones de jornaleros o campesinos, y
el decreto de término municipales, que obligaba a los patronos a emplear
preferentemente a los braceros vecinos del municipio. Pero esto no se quedó
solo ahí, sino que también se aprobó la jornada laboral de 8 horas, el seguro
de accidentes y se prohibió expulsar de sus tierras a los pequeños
arrendatarios.
Las
elecciones de junio de 1931 dieron la victoria a la coalición republicano-socialista
y fue entonces cuando se inició el bienio reformista. Durante este periodo se
llevaron a cabo una serie de reformas entre las que podemos destacar la reforma
agraria. Sin embargo, antes de que fuera aprobada, en agosto de 1932, el
fallido intento de golpe estado del general Sanjurjo para poner fin a la
República ocasionó la expropiación sin indemnización de las tierras pertenecientes
a la alta aristocracia por haber apoyado la sublevación, y aceleró la
aprobación de la ley. Así fue
como
el 15 septiembre de 1932 se aprobó la ley de reforma agraria. Esta ley tenía como
objetivos racionalizar la economía, evitar el paro obrero en el campo, la
modernización técnica y la
redistribución de la tierra de forma más justa mediante el asentamiento de campesinos en las tierras
expropiadas. Para la aplicación de esta ley se creo el Instituto de Reforma
Agraria (I.R.A.), al cual se le asignaba un crédito anual de 50 millones de
pesetas y se le autorizaba para emitir deuda especial.
Finalmente esta reforma consistió en
la expropiación de las tierras de la España latifundista. Solo se contemplaban
cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras
mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las que estaban en zonas de
riego y no hubieran sido convertidas en regadío. Todos los propietarios
expropiados debían ser indemnizados, en excepción, como antes he mencionado, de
las tierras pertenecientes a la aristocracia por su supuesta implicación en la
‘’sanjurjada’’. Las tierras expropiadas pasaban a ser propiedad del Instituto
de Reforma Agraria, que daba posesión de las mismas a las juntas provinciales,
las cuales, a su vez, las entregaban a las comunidades de campesinos, quienes
previamente habían de decidir si el régimen de su explotación iba a ser
colectivo o individual.
A pesar de las grandes expectativas
que esta reforma había generado, sus efectos fueron muy limitados. En dos años
solo se consiguió asentar unas 12.000 familias de las 60.000 y 75.000 que se
esperaba. La causa de este fracaso se debió a la complejidad técnica, el poco
presupuesto del que se doto al Instituto de Reforma Agraria y el escaso interés
de los republicanos de izquierdas, así como la oposición de la derecha y los grandes
propietarios. La lentitud con la que se estaba aplicado esta reforma y el aumento
del paro promovió el descontento de los jornaleros, quienes acabaron
ocasionando numerosos conflictos sociales como los sucesos Casas Viejas. También
llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la
Tierra (FNTT), poderoso sindicato de campesino de la UGT, que cada
vez se fue acercando más a los ideales de la CNT, quien ya desde un principio había
mostrado su desacuerdo con reforma agraria, pues, según ella, consolidaba el
modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba la verdadera revolución.
Las
elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a la derecha, la CEDA y el
Partido Radical, y fue entonces cuando se inició el bienio de centro-derecha. Se
modificó la reforma agraria pero sin derogar las leyes anteriores. Además,
durante este periodo los propietarios agrarios incumplieron las leyes y bajaron
los salarios a los jornaleros, lo que dio lugar a una huelga general de
campesinos promovida por la FETT en junio de 1934, la cual terminó con docenas
de campesinos muertos y varios heridos y encarcelados. En Cataluña el
Parlamento catalán había aprobado la ley de contratos de cultivo la cual
garantizaba a los ‘’rabassaires’’ la
explotación de tierras durante un mínimo de seis años y el derecho a comprar las
tierras que hubieran estado cultivando ininterrumpidamente durante más de
dieciocho años. Sin embargo esta ley fue recurrida por la Lliga Regionalista y
la CEDA, y fue declarada inconstitucional. Finalmente, en abril de 1935 se presentó
a las Cortes la Ley para la
Reforma Agraria, que fue aprobada el 1 de agosto de 1935, y puso fin a
la reforma.
Las elecciones de febrero de 1936
dieron la victoria al Frente Popular que reanudó las reformas llevadas a acabo
durante el bienio reformista. Se volvió a poner en marcha la reforma agraria de
1932, para intentar controlar los conflictos sociales. Sin embargo la presión de
los jornaleros, braceros y pequeños aparceros, así como de los sindicatos del
campo (FETT) hizo que se llevara a cabo la masiva ocupación de tierras en la
zona de latifundio, que el Instituto de Reforma Agraria tuvo que legalizar.
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